Dañaron la estatua del sargento Aigo. La escultura apareció sin parte del rostro ni del arma y su caballo perdió parte de las orejas por un acto de vandalismo. Rompieron la cara, el arma y las orejas del caballo.Rodolfo Ramírez
La estatua construida para recordar al sargento Aigo a la vera de la Ruta Provincial 23 fue dañada en un acto de vandalismo por desconocidos, según denunciaron los familiares del policía asesinado.
El comisario Sergio Peucón, de la División Tránsito Rural de Junín de los Andes, informó que en las últimas horas recibieron una denuncia anónima informando sobre esta situación. «Nos avisaron que dañaron la cabeza y la pistola de la estatua de Aigo. Nos presentamos en el lugar y constatamos que efectivamente es así», dijo el comisario.
La estatua fue instalada a unos 45 kilómetros al norte de Junín de los Andes, en cercanías del lugar en el que fue asesinado el efectivo durante un control de tránsito, en marzo de 2012.
La viuda del sargento realizó una denuncia penal por los daños y explicó a las autoridades que el jueves pasado la estatua no presentaba daños.
Peucón señaló que «se inició una investigación por el delito de Daños con la intervención de la Cuarta Circunscripción Judicial que se encuentra en Junín de los Andes». Sobre los presuntos autores, el comisario admitió que «hasta el momento no hay indicios» porque «estamos hablando de un lugar despoblado».
FUENTE: Diario La Mañana Neuquén (Foto de Rodolfo Ramírez)
EL ASESINATO
Era la madrugada del miércoles 7 de marzo del 2012. Efectivos de la División Tránsito de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén realizaban un control en la ruta 23, paraje Pilo Lil, cuando de pronto detuvieron a un vehículo, sospechando que podía estar implicado en abigeato (robo de ganado). Mientras el sargento José Eduardo Aigo se aprestaba al registro correspondiente, Alexis Torres y Jorge Salazar Oporto, ocultos en el vehículo, le dispararon por la espalda y se dieron a la fuga. Aigo falleció mientras era conducido al hospital por su compañero el oficial Pedro Guerrero. La persona que conducía la camioneta en la cual viajaban los terroristas fue identificada como Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes.
Al día siguiente del asesinato, un comunicado emitido por las agrupaciones Frente Popular Manuel Rodríguez y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Chile, a las cuales pertenecen Torres y Salazar Oporto, asumió la responsabilidad política del hecho y dio a entender que la muerte de Aigo, de sangre mapuche, era un desenlace previsible para “alguien que eligió ser policía colocándose del lado del Estado (argentino) que persigue a su pueblo”.
Juan Marcos Fernández y su esposa Analía Godoy fueron procesados y en julio de 2014 se los encontró culpables de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal, asignándoseles penas de tres y dos años de prisión respectivamente, pero tanto la acusación como la defensa apelaron el fallo. La querella y la fiscalía solicitaban más años de prisión y que la pena sea de cumplimiento efectivo, en tanto que la defensa sostenía la inocencia de los imputados. En noviembre del mismo año la Justicia de Neuquén hizo lugar al pedido de impugnación de la pena hecho por el abogado defensor Mariano Laprida y la familia de Aigo, que denunció presiones del poder político a la justicia, se quedó sin posibilidad de apelar tal medida.
