Presentan proyecto para regular la educación pública de gestión privada en la provincia

El bloque del MPN presentó un proyecto de ley para regular la educación pública de gestión privada en la provincia. Se trata de una de las leyes complementarias de la Ley Orgánica de Educación Provincial que exige que las instituciones educativas públicas de gestión privada adecuen sus relaciones con el Estado, con la finalidad de garantizar la libertad de enseñanza establecida en la Constitución Nacional y Provincial.

La iniciativa reconoce como instituciones educativas públicas de gestión privada a aquellos establecimientos que “por iniciativa particular de personas o entidades, organicen y ofrezcan una actividad educativa reconocida por el Consejo Provincial de Educación, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.945”. A la vez, los categoriza como ‘incorporados’ o ‘registrados’.

El reconocimiento como registrados o incorporados se otorgará a los propietarios que sean: la Iglesia Católica por medio de sus curias y parroquias, y las confesiones religiosas oficialmente reconocidas; las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones; las mutuales y cooperativas; los sindicatos con personería jurídica; y las personas que acrediten suficientes antecedentes vinculados a la educación. La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación (CPE).

En tanto, será cancelado por renuncia del propietario; transgresión a los principios fijados por la Constitución Nacional, Provincial y leyes que organizan el sistema educativo; incumplimiento de planes de estudio, programas y reglamentaciones vigentes; cesión; incumplimiento de la normativa y obligaciones; deficiencias o irregularidades edilicias, administrativas, contables o pedagógicas; y pérdida de la personería jurídica. A la vez, el proyecto prevé sanciones por incumplimiento que incluyen apercibimiento, multa y cancelación de la inscripción.

En cuanto al personal, el proyecto establece que será designado por el propietario del establecimiento, de acuerdo con la planta funcional aprobada por el CPE, y tendrá los mismos derechos, deberes e incompatibilidades establecidas para el personal de los establecimientos oficiales. Los requisitos deberán ser los mismos que para el ejercicio de iguales funciones en la enseñanza oficial.

Por otro lado, distingue entre establecimientos gratuitos y arancelados. Los primeros son definidos como “aquellos que cumplan una función social en su zona de influencia y no perciban cuota obligatoria por la enseñanza impartida, derecho de estudio, inscripción o matrícula o de cualquier otra naturaleza vinculada a las exigencias del plan de estudio adoptado”, en tanto que los arancelados son aquellos que perciben cuotas obligatorias.

En cuanto a los aranceles, el proyecto señala que la provincia garantiza para los establecimientos encuadrados como gratuitos el 100% de los sueldos de la planta funcional aprobada y los correspondientes al personal suplente. El aporte incluye tanto el pago de sueldos como de los servicios. Para poder percibirlo, se contemplará que la ubicación del establecimiento no implique la inscripción de alumnos en detrimento de la matrícula de escuelas estatales o privadas ya existentes en la zona y que los propietarios no persigan fines de lucro. Además, determina que las cuotas o aportes voluntarios realizados por los padres a las cooperadoras no se considerarán aranceles.

La iniciativa establece que se considerarán aranceles “todos los pagos que sean efectuados en calidad de retribución por la enseñanza impartida, derecho a estudio, inscripción o matrícula, derecho a exámenes, extensión de certificados de estudios y pases”. La fijación de aranceles se hará por año calendario y deberá notificarse al CPE y a los padres, antes del 31 octubre del año anterior a su entrada en vigencia. El monto no podrá modificarse durante el período escolar, salvo que se sustente en el aumento de las retribuciones que perciban los docentes.

El proyecto de Ley –Nº 10.067- ingresó por mesa de entradas el pasado 20 de septiembre con las firmas de los diputados Alma Sapag, Mario Pilatti, María Laura du Plessis, Carlos Koopmann, Encarnación Lozano, Maximiliano Caparroz, Pablo Bongiovani, Claudio Domínguez, Lucía Menquinez y Sergio Gallia.